Fachadas industrializadas en edificios

Las principales promotoras residenciales continúan modernizando la construcción de viviendas en España mediante la industrialización. El último paso dado al respecto es la instalación de fachadas 100% industrializadas para sus promociones, entendidas éstas como la ‘piel’ integral del edificio: envolvente, carpintería, ventanas o paneles, entre otros elementos. 

“El presente y el futuro de la promoción residencial pasa, imprescindiblemente, por la industrialización de los procesos. Los llamados Métodos Modernos de Construcción (MMC)”.

Algunas ventajas de las fachadas construidas en fábrica: mayor seguridad (“la entrada de oficios posteriores a los estructuristas se produce con la envolvente del edificio ejecutada”), incremento de la calidad (“el control de calidad en fábrica es meticuloso y más sencillo de llevar a cabo”), mayor eficiencia (“un único oficio coloca este elemento”), ahorro de tiempo (“simultaneamos procesos: la fachada se fabrica a la vez que se levanta el edificio”), menor generación de residuos (“todas las piezas se hacen al milímetro”) o versatilidad (“podemos colocar fachadas sate, ventiladas, aplacados…). Además, las fachadas industrializadas son una revolución en el sector en tanto que hacen desaparecer los andamios. “Pensando en la compañía, permiten un control de costes, siendo un sistema más fiable y económico. Son mucho más competitivas en términos de costes y, por tanto, también son más competitivas en precios de venta”, .

También están en proceso de industrialización en 2D la incorporación de tabiquería y baños industrializados.

Regularización de Edificaciones Irregulares en Andalucía, Decreto Ley 3/2019

Las edificaciones irregulares han generado y continúan generando una enorme problemática en la comunidad autónoma andaluza. La Consejería con competencia en materia de urbanismo cifra en 300.000 las edificaciones irregulares en Andalucía.

La proliferación de construcciones ilegales ha acarreado graves perjuicios a la sociedad entre los que destacan la inseguridad jurídica y el daño ambiental.

La inseguridad jurídica viene motivada por el origen ilícito de estas edificaciones y por la inexistencia, hasta hace relativamente poco, de un régimen jurídico propio que las regulase. Esto ha dado lugar a que en multitud de ocasiones terceros de buena fe las adquiriesen sin conocer su origen ilegal y sin saber las serias limitaciones que ello conllevaba.

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) nació con la vocación de erradicar las edificaciones irregulares. Estableció un régimen muy estricto que eliminaba casi por completo la posibilidad de construir en suelo no urbanizable e incluía severos procesos disciplinarios dirigidos a sancionar a los infractores y a reponer lo indebidamente construido a su estado anterior. En esta misma línea se mantuvo el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo (RDUA).

Ahora bien, ya sea por falta de voluntad o de medios, la Administración no ha ejercido su potestad disciplinaria en los plazos que la Ley le confería al efecto. Y en la actualidad existen multitud de construcciones y edificaciones ilegales frente a las que ya no es posible actuar por haber transcurrido más de seis años desde la completa finalización de la obra.