La Junta de Andalucía ha aprobado el decreto 2/2012 que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable.
La norma establece vías para el reconocimiento legal de las construcciones en función del análisis de sus circunstancias físicas y jurídicas. De esta forma el decreto distingue tres supuestos, esto es, edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos -parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos- y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado -edificaciones con usos vinculadas al medio rural que también requieren servicios públicos-.
Respecto a las viviendas aisladas, se diferencian las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, la norma introduce también la distinción entre las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras donde dicha prescripción no puede darse.
La aplicación del Código Técnico de Edificación (CTE) supone un incremento de los costes de construcción de en torno al 10%, que podrá ser absorbido en el caso de la vivienda libre, será mas complejo en el caso de la VPO por lo ajustado de sus precios de venta. 
